Hot! Peligro, agroquímicos

Carlos Matheu enfrenta uno de los juicios que tiene revuelto al sector rural, político y económico en Córdoba, con implicancias que escalan a nivel nacional. Fiscal de instrucción en lo penal, llevó al banquillo a dos productores rurales y a un aviador que gasearon con plaguicidas durante años al barrio Ituzaingó Anexo.

En el proceso confluyen dos causas, bajo la figura penal de “contaminación peligrosa sobre población urbana” colindante a un campo sojero en el sudeste de la ciudad. De ser condenados, los productores rurales Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, así como el aeroaplicador Edgardo Jorge Pancello, se enfrentan penas de entre 3 y 10 años, siempre de aplicación efectiva. Todo fue a partir de la denuncia que presentó en 2008, como funcionario del área Salud municipal, Medardo Ávila Vázquez, que una vez alejado del cargo de subsecretario, tras pelearse con Daniel Giacomino, prosiguió como querellante particular.

Precisamente, el ex intendente está imputado en otra causa que también se tramita en la fiscalía de Matheu por la falta de aplicación de controles municipales sobre verduras contaminadas con pesticidas en el Mercado de Abasto de Córdoba. El diputado del Frente de la Victoria apeló la imputación hace un año y espera, con la tranquilidad que brindan los fueros legislativos, que resuelva el juez de control Agustín Spina Gómez, el mismo magistrado que tuvo trabada la causa que hoy está en juicio.

En su despacho de Tribunales, Matheu mantiene la calma y prefiere no polemizar con la Federación Agraria, que lo acusó de elevar la causa sin pruebas. “No recibí presiones, sólo veo lo que dicen en los diarios”, señala con un rostro que no deja entrever expresiones. Sin embargo, hay un tufillo en el ambiente que da cuenta de la transcendencia que genera, dentro y fuera de la Justicia, un juicio sin precedentes que afectará la autoestima de la poderosa soja cordobesa.

Por lo pronto, Monsanto, corporación internacional estrella en el desarrollo de oleaginosas transgénicas y su consiguiente paquete tecnológico, dejó trascender un proyecto para instalar una planta de semillas en la localidad Malvinas Argentinas, al este de la ciudad, dando una señal, con el aval del gobierno provincial, de que dará pelea. Proyectan una inversión de 30 millones de dólares.

“En el juicio hay dos hechos particulares”, dijo el fiscal a Veintitrés. “Uno ocurrió en 2004, a partir de la aplicación de los productos Dieldrin y DDT, dos agroquímicos totalmente prohibidos por SENASA por su extrema peligrosidad cancerígena, violando la prohibición que existía en la ordenanza municipal 10.590, que ordenaba una distancia mínima de 2.500 metros para las fumigaciones de las urbanizaciones. Se infringió la distancia precautoria establecida por el área Salud municipal. Encima, también se violó la ordenanza 10.505, en virtud de la cual se estableció la emergencia sanitaria para barrio Ituzaingó Anexo. La había aprobado el Concejo Deliberante por la gran cantidad de casos de leucemia y distintos cánceres que aparecieron en el sector, como consecuencia, entre otros factores, de los plaguicidas, el arsénico y del DDT. Todas estas circunstancias hicieron que valoremos la situación bajo la figura de la contaminación dolosa y, por las pruebas recabadas, se logró la elevación a juicio”, afirma.

–En ese caso fumigaron al barrio con productos prohibidos, pero en el segundo la aplicación se realizó con pesticidas permitidos por la reglamentación.

–Sí. En el segundo hecho, del 2008, fumigaron con glifosato y endosulfán, en este caso en forma área, violando la ley provincial de agroquímicos, 9.264, que en su artículo 58 establece una franja de resguardo de 1.500 metros para las clases toxicológicas 1A, 1B y 2, y de 500 para las clases toxicológicas más bajas, 3 y 4, donde está clasificado el glifosato. De forma que aquí se violó tanto para el endosulfán de 1.500 metros, como pesticida clase 1B por su alta toxicidad, como el glifosato de 500 metros. Pero además se fumigó violando también la ordenanza 10.505, de la emergencia sanitaria. En este segundo hecho sostenemos que se violó la franja de resguardo en un momento en que el barrio estaba en emergencia precautoria. A esto se suma que en ninguno de los dos casos intervinieron ingenieros agrónomos para dar la receta fitosanitaria.

–¿Es posible saber cuántos litros arrojaban por hectárea?

–Es imposible, pero sí establecimos que ese día a esa hora se utilizaron los dos productos, en función de los peritajes realizados. También se violó el decreto reglamentario 132, de la ley provincial de agroquímicos, que establece la precaución que la deriva no debe estar dirigida hacia un centro poblado. Según el informe del servicio meteorológico nacional, el día 10 de febrero a las 10.30 horas, el viento iba en dirección noroeste, justo donde está Ituzaingó.

–¿La fumigación como método está cuestionada?

–No. Hay que evitar la generalización de una causa particular porque no basta la sola contaminación sino que también debe ser peligroso para la salud de la población. Esa característica es lo que se debe interpretar en el caso concreto de cada presentación. Incluso sin que cause la muerte, la contaminación puede significar una alteración en la salud de las personas y es susceptible de ser juzgada. Simples malestares febriles son aceptables para configurar el delito. El delito de agrava si como consecuencia fallece una persona. La figura de la contaminación dolosa agravada tiene una condena estipulada entre 10 y 25 años de prisión.

–¿Cuál es el concepto de peligrosidad?

–Debe valorarlo el tribunal, en función de una serie de circunstancias concretas. Hay que ver cómo se llevó a cabo esa fumigación. En este juicio se tuvo en cuenta la violación a la prohibición a las leyes provinciales y ordenanzas municipales, todas referidas a la protección de la salud de las personas y fundadas en la ley nacional de protección del ambiente que es el principio precautorio. Estas normas, aplicadas en la reglamentación del SENASA, apuntan a resguardar la salud de las personas. Porque la actividad agropecuaria es lícita pero se puede transformar en ilícita cuando se violan estas normas básicas dictadas por la autoridad respectiva.

La causa madre. El juicio es resultado de las denuncias llevadas a cabo por las Madres de Ituzaingó, cuya lucha superó los límites provinciales, cuando en abril Sofía Gatica recibió el Premio Ambiental Goldman, galardón internacional que reconoce las luchas por la preservación del medio ambiente que llevan adelante personas y organizaciones civiles alrededor del mundo. En el 2000 comenzaron el camino de enfrentar a los productores rurales y denunciaron centenares de casos de cáncer, principalmente leucemia, que se reproducían en el sector.

Los mismos productores que están siendo juzgados actualmente fueron imputados por Matheu en la conocida como “causa madre”, que trata de establecer la relación entre las fumigaciones y los casos de cáncer, en este caso a partir de la denuncia presentada por la Fundación para la Defensa del Ambiente, que preside Raúl Montenegro y tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).

“Esta otra investigación abierta busca establecer hechos de fumigación con endosulfán, glifosato y ticama, realizados por los mismos imputados entre 2002 y 2004. Se ordenó una pericia para saber si los casos de cáncer y las muertes acaecidas guardan o no vinculación con la fumigación. Hasta el momento están imputados por contaminación. Debemos saber qué pasó realmente en Ituzaingó, si fue el arsénico, los metales pesados, el LCD o los plaguicidas. O si todo en su conjunto fue la causa de los casos de cáncer y las malformaciones producidas. Hay muchos ciudadanos que ya fallecieron”, relata Matheu. Si la investigación judicial establece la relación entre las fumigaciones y los casos de cáncer, el fiscal generará un terremoto que superará largamente el juicio actual.

–Da la sensación de que el barrio está sobreestudiado. ¿Hacen falta más pruebas?

–Hay estudios de la cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, realizados en 2005, que establecieron que los causantes principales son el arsénico y los plaguicidas, fundamentalmente el endosulfán. Si se determina una relación entre las fumigaciones y las muertes en el barrio, la causa se agrava con penas que van de 10 a 25 años. Pero no es fácil probarlo. Ahí son aproximadamente 70 muertes denunciadas. Ya ordenamos una pericia oficial con seis expertos en diversas materias (endocrinología, biología, toxicología, química, epidemiología, etc.) que van a trabajar para la fiscalía y harán una valoración conjunta sobre qué fue lo que pasó en Ituzaingó Anexo.

–¿No le llama la atención que después de 10 años no se sepa a ciencia cierta la causa de las muertes?

–Sí, evidentemente es muy tardío. Quizá la respuesta de la Justicia llega tarde.

–Sobre las responsabilidades penales a funcionarios encargados de controlar, ¿qué puede decir? Hasta donde usted ya declaró públicamente, están prescriptas las responsabilidades porque caducan a los dos años. Sin embargo es importante saberlo, porque el Ministerio de Salud de la provincia dijo durante años que no había contaminación como resultado de las fumigaciones con plaguicidas.

–Esta causa se inició en el 2002 en la Justicia federal, que se declaró incompetente, y pasó casi inmediatamente al fuero provincial. Durante diez años estuvo parada y recién el mes pasado me la pasaron para que investigue. Debo decir que las autoridades de Agricultura encargadas del control para que no se fumigase en el lugar, no lo hicieron. Ellos son la autoridad de aplicación de la ley de agroquímicos. También entra la Secretaria de Ambiente pero las responsabilidades penales están prescriptas.

_______________________________________________________________________________

Poderes enfrentados

Cómo fue su relación con las Madres de Ituzaingó y con los demás vecinos? Se sabe que existieron disputas dentro del barrio porque muchos se quejaron de que las denuncias desvalorizaron las propiedades, configurando una pelea de pobres contra pobres.

–Lamentablemente eso sucedió, aunque no hace a la causa. Influyó en cuanto a la reticencia de algunos testigos. Se dio este factor porque había gente que no quería que se investigara. El tema económico fue uno de los factores aunque, dentro de todo, se logró llevar a buen puerto en cuanto a las pruebas.

–¿Usted sintió presiones de parte de grupos sojeros? ¿Cómo ve el clima del juicio?

–No sentí presiones directas pero indudablemente en los diarios salen quejas de grupos. Pero es importante aclarar que no se pone en el banquillo a la actividad agropecuaria que es lícita. Se juzgan dos hechos concretos, donde intervienen tres personas, en circunstancias particulares. No es ilegal la aplicación de agroquímicos, pero sí lo es cuando no se cumplen las normas que lo regulan en aras de proteger la salud de la gente que vive cerca. Ese es el norte de la acusación.

–No es el único caso en el país. Está el caso de San Jorge en Santa Fe, en la ciudad de Leonesa en la provincia de Chaco. Hay una reacción corporativa porque existe un denominador en común a la hora de aplicar los agroquímicos.

–Hay que tomar conciencia del peligro que implican los agroquímicos. Evidentemente se necesitan para controlar las malezas y los insectos, pero si se usan mal, si no se cumple la receta fitosanitaria del ingeniero agrónomo…

–¿Cómo se preparó para investigar un tema donde no hay jurisprudencia como antecedente?

–Durante cinco años estudié las relaciones entre los agroquímicos, las fumigaciones y el sistema penal. Creo que en Córdoba sería fundamental tener una fiscalía especializada en la materia, como existen para otras modalidades delictivas. La ley de residuos peligrosos es una figura compleja. La buena preservación de las pruebas es algo fundamental para que los casos se esclarezcan. Sobre todo porque en la Argentina no hay antecedentes.

–¿Ha sido motivo de debate en los foros del ministerio público fiscal en el país? ¿Recibió consultas de colegas?

–Algunos fiscales de la provincia de La Pampa me consultaron. También de Córdoba, pero no muchos, sobre todo porque es complicado el tema de la competencia. La Justicia también debe tomar conciencia de los peligros que conllevan estos productos que son venenos mortales, sin ser extremistas.

–Pero usted es consciente de que elevó a juicio una causa que el gobierno provincial no quería que se concrete.

–Eso no me consta, sí me consta que hay una causa que estuvo parada diez años. Hay que rescatar que la ley de agroquímicos de la provincia es una consecuencia de Ituzaingó, creada en el 2004.

_______________________________________________________________________________

Paraguay: un antecedente regional

En 2004, dos productores rurales de la zona de Pirapey, cercana a la ciudad de Encarnación, resultaron condenados por el homicidio culposo del niño Silvino Talavera, a quien rociaron con Round Up, herbicida producido por la corporación Monsanto.

Silvino era el hijo de una familia de campesinos, cuyo lote de tierra colindaba con un campo de soja. Durante el juicio se determinó que murió por una intoxicación aguda como consecuencia de recibir directamente sobre su cuerpo una lluvia del agroquímico que le aplicó uno de los productores con una máquina conocida como mosquito, en el extremo de uno de los lotes sembrados.

Los Talavera forman parte del Movimiento Campesino Paraguayo, que en aquel país lucha contra la tecnología transgénica, y se encontraban en permanente conflicto con los productores. El caso generó gran debate en el país guaraní, además, porque los productores también rociaron la casa de la familia Talavera, para lograr que abandonen el lugar, y generaron una intoxicación masiva en toda la familia. Una de las hijas, de 17 años, perdió un bebé que nació con hidrocefalia.

La clave de aquella terrible historia es que los tribunales paraguayos dejaron claro que fue el Round Up la causa de la intoxicación que llevó a la muerte a Silvino, cuando entonces la firma trasnacional, el gobierno paraguayo y los productores rurales descartaban que tuviera relación y calificaban al pesticida como casi inocuo.

Esa relación podría establecerse con los agroquímicos y los casos de leucemia en Barrio Ituzaingó, situación que generaría una catarata de juicios civiles y penales en toda la región pampeana y chaqueña, donde las semillas transgénicas suplantaron cualquier otro tipo de cultivo. Más información sobre el caso Talavera en http://ea.com.py/silvino-talavera-agrotoxicos-agroquimicos-soja/ .

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *