Hot! La voz de los pueblos fumigados en la Legislatura Provincial

Deliberación pública: “Medioambiente y Salud. Juicio de Barrio Ituzaingó. Actualización de proyectos legislativos”

La actividad se inició alrededor de las 17:45, en la Sala Protocolar de la Legislatura Provincial, con la presencia de unas cincuenta personas.

El panel estaba compuesto por Sofía Gatica, de Madres de Barrio Ituzaingó,  Dr. Medardo Ávila Vázquez, médico especialista en pediatría y neonatología, testigo y querellante en el juicio; Marcos Tomasoni, Colectivo Paren de Fumigar, el Intendente de la localidad de Oliva, Oscar Tamis y el organizador, que ofició de presentador de la actividad, el legislados por el Partido Socialista Roberto Birri.

Birri abrió las exposiciones con la narración de cómo fue su involucramiento con la problemática a partir de la interpelación de una vecina de Huinca Renancó en el marco de la campaña como legislador en el año 2007. “Nos están fumigando en las narices”, denunció la indignada mujer.

A partir de ahí, y del contrato electoral que suscribió, comenzó a pensar posibles aportes desde el ámbito legislativo, para contribuir en la modificación de la ley vigente y otros para intentar defender no solamente el derecho a la salud, sino también el derecho a un medio ambiente sano.

En relación a las iniciativas actuales, comentó que impulsa junto a otros/as legisladores/as un proyecto de ley que plantea la Creación de Fiscalías Ambientales en la provincia de Córdoba, para que las cuestiones y denuncias en torno a cuestiones ambientales, tengan tribunales especiales para juzgar y para, de ser necesario, ocuparse de la persecución penal.

Antes de ceder la palabra a Sofía Gatica, integrante de Madres de Ituzaingó y denunciante en la causa, enmarcó esta lucha en los derechos de cuarta generación, la de aquellos/as que aun no han nacido pero tienen derecho a que les dejemos un medio ambiente sano.

Sofía Gatica: el mapa de los relevamientos lo llamábamos “el mapa de la muerte”

Inició la exposición Sofía Gatica, quien contó que vivió durante años en Barrio Ituzaingó Anexo, hasta hace un año y medio, cuando se fue porque sus hijos se enfermaron. Con detalles, narró cómo fue el proceso que iniciaron en el año 2001, cuando las numerosas enfermedades y malformaciones que notaban en el barrio las impulsaron a iniciar esta lucha.

Lo primero que hicieron fue comenzar a relevar las enfermedades en el barrio, contaba. A partir de allí, empezaron a denunciar: en el 2002 fueron al Ministerio de Salud de la provincia, donde las recibió una médica enviada por el entonces Ministro Chuit, que cajoneó el relevamiento. Ante esto, decidieron salir a la calle con carteles, que decían “tenemos cáncer”, “tenemos leucemia”, “ayúdennos”. Recién ahí, cuando ellas ya habían detectado los problemas, les informan que estaban consumiendo agua con endosulfán. La empresa Aguas Cordobesas les ofrece poner una válvula y cambiar el agua del barrio, a cambio de que firmen que no iniciarían juicio a la empresa.

“Seguimos el relevamiento -continúa Sofía-,  con un médico en el dispensario, que fue el único que se jugó en el barrio, hasta que en el año 2005 intervinieron el dispensario y pusieron como directora una médica que negó todo”. Con los datos recabados, armaron un mapa, que llamaban el “mapa de la muerte”. Allí sólo contaban las enfermedades oncológicas y las muertes. Aún no incorporaban las malformaciones, las púrpuras ni la leucemia, porque no entraban en el mapa.

Los estudios ambientales dieron terribles resultados: en el suelo se encontró endosulfán, DDT; en el agua, endosulfán. En los análisis de los chicos, una cantidad de sustancias. De los 30 niños y niñas analizados, todos/as tenían agrotóxicos. “Nos reunieron a todos, y nos dijeron que no había antídoto. A partir de allí, lo único que hicieron fue asfaltar el barrio y poner un centro de salud”.

Mientras tanto, recuerda con bronca Sofía, se siguió fumigando, contra le ley, ya declarada la emergencia sanitaria. Siguieron violando las leyes y ordenanzas, en particular,  las tres personas que están siendo juzgadas por estos días.

Sólo cuando la doctora que había asumido la dirección del dispensario llama al Dr. Ávila Vázquez y le dice que estaban fumigando, el estado toma la denuncia, a pesar de las Madres venían denunciando lo mismo desde hacía años.

A Sofía le tiembla la voz cuando narra las consecuencias inmediatas de cada fumigación: “ya para el 2004 había hecho denuncias, porque ya había estado dando vueltas con mi hijo, porque después de cada fumigación, sacábamos a los niños en brazos, porque no podían caminar. A mi vecina, después de cada fumigación, tenían que inyectarle decadrón, y así, muchos más”.

Para finalizar, denunció que esta situación se repte en todo el territorio nacional y en otros países de América Latina, como Paraguay, y que los expuestos en el juicio son el hilo más débil  de la trama de los agrotóxicos, que incluye la responsabilidad de los funcionarios que trataron de ocultar todo, y las multinacionales. “De la retención de la soja –continuaba-, se pagan los planes sociales”.

Medardo Ávila Vázquez: “los sojeros recaudaban en Barrio Ituzaingó en el año 2008, alrededor de un millón doscientos mil pesos por la soja que sembraban allí, y envenenaban aun barrio con cinco mil habitantes”.

Ávila Vázquez inició su exposición señalando que las personas expuestas a los agrotóxicos en los pueblos sistemáticamente fumigados son ya alrededor de doce millones, en toda la zona céntrica, norte y noreste del país. Toda la región en la que se ha instalado el cultivo de la soja transgénica, de acuerdo a un modelo de cultivo, que por ser grandes extensiones de cultivos únicos son blanco de muchas plagas e insectos.  Esta unicidad, explica,  es artificial, y va en contra de la biodiversidad de la naturaleza.

“La única manera de instalar una especie única, es utilizando los insecticidas. Para ello la soja está modificada con un gen que hace que todas las otras plantas mueran a consecuencia del veneno, pero no la soja, que queda creciendo como única en ese ambiente.” Sin embargo, las plantas van generando resistencia a los pesticidas, y los insectos a los insecticidas, y los productores para poder garantizar el rendimiento deben aumentar las dosis, o combinar los insecticidas y plaguicidas, haciéndolos más potentes”. Así es como se pasó de utilizar 30 millones de litros cuando comenzaron a aplicarse durante el gobierno menemista (1996), a 340 millones en la actualidad.

“Los genes humanos contienen el 40% de los genes de las plantas, y los insectos el 65%, los roedores un 85% y los monos un %95, razón por lo cual el metabolismo de una planta está regulado por mecanismos similares a los nuestros, por lo que aquello que afecta a otras especies, también nos afectan a nosotros”, continuó. “Podemos explicarlo con este argumento filogenético, u observarlo directamente en la realidad de los vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo: el 33% de los vecinos han muerto de cáncer. En el resto del Córdoba, la proporción es del 18 o 19%, como en el resto del mundo”. Y esta realidad comienza a detectarse en otras localidades, como Leones.

Ávila Vázquez describe la manera en que los agrotóxicos actúan sobre el organismo, “rompen las moléculas de ADN, y esas moléculas generan células mutantes que si no son eliminadas o pierden la capacidad de controlar su reproducción, se convierten en un cáncer”. Esto es reconocido como los “procánceres”. “Esto niega toda la información que han dado Monsanto, Syngenta, Novartis, que mostraban que los productos eran seguros y que había que aplicarlos (…) en base a estudios pedidos por los propios laboratorios”.

Para finalizar, afirma que lo que hay que poner por delante son los valores, no solamente el dinero: “los sojeros que contaminaban, que siguen contaminando, recaudaban en el año 2008, alrededor de un millón doscientos mil pesos por la soja que sembraban allí, y envenenaban aun barrio con cinco mil habitantes”.

Marcos Tomasoni: “la lucha por Barrio Ituzaingó Anexo es la lucha por todos los pueblos fumigados”

Tomasoni inicia su exposición denunciando que cada pueblo de la zona sojera se ha convertido en Barrio Ituzaingó Anexo y recordando el origen del colectivo Paren de Fumigar en el año 2008, luego de la Campaña iniciada por las madres y una organización de Buenos Aires en el 2006.

En la actualidad, hay vecinos y vecinas de más de 50 localidades de la provincia de Córdoba: “a todos nos fumigan cerca de nuestras casas”. En esos pueblos, como en Oncativo, localidad de donde es oriundo Tomasoni, “en cualquier lugar estamos a 500 metros de los campo fumigados, y los campo se nos han metido dentro del pueblo”.

A continuación denunciaba: “tenemos una ley de agroquímicos que permite tirar venenos a cero metros de una vivienda, con determinados productos que la ley considera poco peligrosos, de acuerdo al SENASA. Sin embargo hemos podido demostrar que son incontrolables y que conviven con nuestros hijos, que nadan en el centro de la ciudad, de cada pueblo”. “…el estado, INTA, municipios, concejos deliberantes, muchos tapan esta realidad y se posicionan contra los vecinos que denuncian, lo que ha convertido los pueblos en campos de cultivo de violencia por poner el poder del dinero contra los vecinos que tienen una enfermedad, debido a la ausencia del estado para bregar por derechos reconocidos en nuestra Constitución, como el derecho a vivir en un ambiente sano, y equilibrado”.

“Por eso –finaliza-, desde los pueblos fumigados queremos ampliar la mirada, la lucha por Barrio Ituzaingó Anexo es la lucha por todo los pueblos fumigados, de Córdoba, Argentina y América Latina (…) y expresamos nuestro repudio al convenio que se ha firmado para instalar una planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, una empresa que representa lo que ha significado en todo el planeta la instauración de este modelo basado en estas sustancias incontrolables”.

Oscar Tamis: “Lo correcto sería que la legislación fuera provincial y nacional y no que termine siendo una cuestión de resolución local”.

El Intendente de Oliva detalla el proceso que se vivió en su localidad, ubicada en el centro de la Pampa Agrícola en el país, cuando se instaló la cuestión de los agrotóxicos y su toxicidad en la agenda pública por iniciativa de un grupo de vecinos.

Este proceso derivó en “una ordenanza municipal de restricción, en el mes de febrero de ese año. Hoy se encuentran en pleno proceso de control, “control que –sostiene el intendente- debería hacerlo la provincia, como prevé la ley de agroquímicos, pero la provincia no lo hace, el Ministerio de Agricultura no tiene la capacidad operativa de hacerlo. Ahora, con la legislación local, tenemos la obligación de generar los controles correspondientes”.

La ordenanza vigente en Oliva impone una restricción de 250 metros sobre el límite urbano, con algunas consideraciones especiales. Este límite, a todas vistas insuficiente, coincide con los límites jurisdiccionales de competencia, el ejido urbano. Pero lo correcto sería que la legislación fuera provincial y nacional y no que termine siendo una cuestión de resolución local.

El órgano que está llevando a cabo los controles en el pueblo es una dirección creada específicamente con ese fin,  la dirección de medio ambiente.

A continuación intervinieron algunas personas del público, como el coordinador del CENMA de Barrio Ituzaingó Anexo, Claudio Cisneros, y un representante del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba, que sostuvo que las universidades deben involucrarse más seriamente, “con las facultades que tenemos, es un escándalo que no tengamos una mirada crítica”.

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