Hot! La UNC tendría hoy su posicionamiento frente al juicio

A las 15hs., el Consejo Superior abrirá sesión, con la posibilidad que trate un proyecto que declaré el proceso judicial, iniciado ayer, como de [...]

A las 15hs., el Consejo Superior abrirá sesión, con la posibilidad que trate un proyecto que declaré el proceso judicial, iniciado ayer, como de “interés general y universitario”. El texto original, compuesta por nueve artículos, fue redactado por integrantes del colectivo Paren de Fumigar, en donde se convoca a los integrantes de la Universidad de Córdoba a tener un rol más activo en el caso de las fumigaciones de barrio Ituzaingó Anexo. El proyecto ya fue presentado, durante el desarrollo de una comisión, por el propio colectivo, el martes pasado.

Proyecto original a presentarse en el HCS, para que la UNC se posicione frente al juicio por las fumigaciones
de Juicio A la Fumigacion, el Martes, 12 de junio de 2012 a la(s) 12:21 ·
FUNDAMENTOS:

El Barrio Ituzaingo Anexo es una zona de la Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba, caracterizada por la presencia de un número elevado de vecinos enfermos por patologías atribuibles a causas ambientales.

Barrio Ituzaingó Anexo esta situado al SE de la Ciudad de Córdoba, por fuera de la Av. de Circunvalación, entre la ruta nacional 9 y la autopista Córdoba-Pilar. Cuenta con aproximadamente 5000 personas, que habitan 1200 viviendas en 30 manzanas. Limita al Norte con una zona industrial de la que se separa por la ruta a Capilla de los Remedios y al Oeste con Barrio Ituzaingo y los Eucaliptos. Colinda a su vez con áreas rurales al norte, este y sur

Desde la década del `50 se incrementó el asentamiento industrial, fundamentalmente del complejo FIAT-CONCORD, con intensificación a partir de los años 70. La dinámica de la zona es dependiente de la industria metalmecánica y existe una importante relación con la extensa área rural productiva (“frontera agrícola “). La población tiene escasos recursos económicos y se perciben conflictivas relaciones sociales. Los servicios básicos son insuficientes.

A fines del año 2001 un grupo de Madres comienzan a preocuparse por la salud del barrio al advertir la frecuencia inusual de mujeres con pañuelos en la cabeza y niños con barbijo. Se generaron reclamos a las autoridades para el análisis de las enfermedades y de los posibles contaminantes. Esos reclamos derivaron en un proceso atravesado por disputas políticas partidarias suscitadas entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de la Ciudad Capital.

Sin perjuicio de ello, se llevaron adelante medidas de mitigación de las posibles fuentes de contaminación ambiental que pudieron haber concurrido en la generación del impacto en la salud que se verificaba en el barrio. Así las cosas , se procedió a cambiar la fuente de agua potable, inicialmente de pozo y con alta concentración de arsénico, por agua corriente de la red de la ciudad; se retiraron los transformadores de energía que contenían PCB; se pavimento todo el barrio para disminuir el polvo en suspensión, se limpiaron todos los tanques domiciliarios de agua y se colocaron tapas en todos ellos (los barros del los tanques tenían residuos de pesticidas ), se construyo una Unidad Primaria de Atención de la Salud (UPAS). Todas estas acciones se llevaron adelante bajo la presión de la comunidad movilizada en defensa de sus derechos a la salud y en reclamos de que se garantice su seguridad ambiental y sanitaria, como consecuencia de ello, se creo el Hospital Oncológico de Córdoba y el Registro Provincial de Tumores.

Bajo los fuertes reclamos de los vecinos, encabezados por las “Madres de Barrio Ituzaingo”, se dictaron ordenanzas municipales por las que se declaró la “Emergencia Sanitaria” y se prohibieron expresamente las “fumigaciones aéreas” en todo el éjido municipal y todo tipo de fumigación (aérea y terrestre) hasta una distancia de 2.500 mts de las viviendas del barrio (Ordenanzas 10505, 10589, 10590).

Que sin embargo, y a pesar de las prohibiciones señaladas, sumado a la falta de control y fiscalización por parte del Estado Provincial y Municipal, las fumigaciones en el Barrio se seguían produciendo, en forma clandestina. Las fumigaciones terrestres y aéreas siguieron siendo una fuente de agresión toxica sobre la población que no tuvo solución.

Que la circunstancia descripta, motivó a los vecinos a realizar innumerables denuncias judiciales a los fines de que se ordenara el cese de las fumigaciones, pero las respuestas de los tribunales fueron escasas, nulas.

Que en consonancia con la experiencia de organización vecinal en defensa de los derechos a un ambiente sano, fueron sumándose a Barrio Ituzaingó una treintena de pueblos de la Provincia de Córdoba, conformando el Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, desde donde se gestaron luchas en pos de ordenanzas para alejar las fumigaciones de los barrios al interior provincial, que hoy son realidades de derechos adquiridos por las/los vecinas/nos.

Que el día 11 de febrero de 2004, la vecina del Barrio -Sofía Gatica- (Miembro del Grupo de Madres recientemente distinguida con la entrega del Premio “GOLDMAN”) – procedió a denunciar ante la Unidad Fiscal del lugar, que en el denominado “Campo de Parra”, al este del Barrio, se aplicó agrotóxicos con un equipo terrestre. Se ordenó la realización de las pericias químicas sobre los materiales secuestrados detectándose la utilización –en el caso- de compuestos organoclorados y fosforados, 2,4D, diendrin y clorpirifós.

Que en idéntico sentido, el 1 de febrero de 2008 el Subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba, Dr Medardo Avila Vazquez, procedió a denunciar ante el fiscal de Instrucción Penal -Dr. Carlos Matheu- que una avioneta estaba aplicando venenos sobre el Bº Ituzaingo Anexo en franca violación a las Ordenanzas Municipales vigentes. Se ordenó la toma de muestras de suelo, agua y plantaciones del lugar, detectándose la presencia de glifosato y endosulfán. Que en virtud de ello, el fiscal imputó a los productores agropecuarios y al propietario de la Empresa Aero – Aplicadora como responsables del delito de contaminación ambiental, en grado de instigadores y autor respectivamente, en el marco de las previsiones contenidas en el Art. 55 de la ley nacional de residuos peligrosos n° 24.051

Que tras salvar diversos escollos de índole procesal, la causa definitivamente es elevada a juicio oral y público cuyo comienzo esta previsto para el día 11 de junio del presente.

Que la problemática que estará en discusión en las instancias del juicio, es materia de investigación e intervención de varios técnicos, áreas, y grupos de investigación de esta Alta Casa de Estudios.

Que la causa, primera en el País y en Latinoamérica, pondrá en discusión, dentro del ámbito judicial, el actual modelo productivista biotecnológico (soja transgénica y agroquímicos) y su incidencia en el ámbito de la Salud Pública a los efectos de determinar si las fumigaciones en determinadas condiciones, constituyen o no una conducta reprochable penalmente.

Cabe destacar que, el actual modelo de producción requiere la aplicación de más de 340 millones de litros/kilos de venenos en un territorio donde viven 12 millones de personas expuestas, que están presentando, en forma progresiva, signos de un severo impacto en la salud colectiva de la población.

En tal sentido, cabe recordar que en el “Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados”, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, (27 y 28. 08. 2010), desde el ámbito académico y científico de la salud se afirmó que :“los plaguicidas son tóxicos, son venenos y nos están enfermando, las enfermedades que vemos y tenemos no son casuales, son generadas, principalmente, por la fumigación con estos agrotóxicos.
“En razón del grave problema que hemos aquí presentado, y en función de la aplicación del principio precautorio, creemos que se deben tomar medidas para garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano para las poblaciones de los pueblos fumigados, nuestros pacientes. Es urgente avanzar en restricciones públicas al uso de los plaguicidas ya que durante al menos 6 meses al año y tres veces por mes se envenena masivamente a las poblaciones de los Pueblos Fumigados de la Argentina”.
“Las fumigaciones realizadas por medio de aviones o helicópteros han demostrado que producen una “deriva” de los venenos que se esparcen de manera incontrolable. De hecho el Parlamento de la Unión Europea a través de su Directiva 128/09 ha determinado su prohibición en todo su territorio, y establecido la exigencia de adecuar las normativas de cada país en ese sentido, ya que pulverizaciones de plaguicidas realizadas en Francia eran detectadas en Islandia a los pocos días”.
“Es por ello que creemos que, considerando la magnitud de la utilización de agroquímicos en la Argentina y la fragilidad de la salud que se detecta en la población de los pueblos fumigados, es fundamental prohibir, en forma inmediata, toda fumigación aérea de plaguicidas en todo el territorio del país”.
“Asimismo, las fumigaciones terrestres deben alejarse de las plantas urbanas de pueblos y ciudades; ya que si bien su deriva es menor, alcanza el interior de los barrios colindantes con los sembradíos. Por lo tanto es esencial que exista una zona de retiro no menor a 1000 metros entre los cultivos que se pueden fumigar, respetando las normativas específicas, y el límite externo de las plantas urbanas de pueblos y ciudades”.
“Creemos que además de parar de fumigar, es preciso prohibir totalmente la utilización de plaguicidas de las clases toxicológicas I y II, verdaderas armas químicas”.
“Ponemos en cuestionamiento el actual modelo de producción agroindustrial y transgénico; existen opciones de producción agroecológicas que la universidad pública debe promover y desarrollar. Es preciso investigar, seleccionar y acordar sistemas de producción que permitan la integración social y cultural y la defensa y reproducción de las condiciones ecológicas de nuestro ambiente”

En idéntico sentido, se pronunció el “1° Congreso Latinoamericano de Salud Socio – Ambiental” y “2° Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados” realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (29.04.2011).

Que por su parte, el “Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República Argentina” (Res 350/99) ha sido objeto de severas críticas por parte del Defensor del Pueblo de la Nación, situación ésta última que derivó en el dictado de la Res. N° 147/10 (12.11.10) y por la que se recomienda al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos, de manera tal que: 1) Abarque al conjunto de todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar (letal y subletal, agudo y crónico); 2) Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas, sean clasificados como “I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos”, e identificados con banda roja; 3) Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente; 4) Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos, deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio. En idéntico sentido, se ha recomendado a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, a sus COMITÉS TÉCNICO Y ASESOR y al CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD a: 1) Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos en los casos denunciados, o ante situaciones similares que se detecten en todo el territorio nacional (Art. 2 – Res. 06/12 del Defensor del Pueblo de la Nación de fecha 25.01.2012).

Que finalmente, los vecinos de pueblos fumigados, denuncian la violación –por parte del sistema actual de producción- de DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES tales como el Derecho a la Salud, Derecho a la Vida, Derecho a Vivir en un Ambiente Sano, todos ellos, de raigambre Constitucional.

Que la UNC mantiene un alto compromiso institucional en defensa del bien público y que debe estar al servicio de los derechos de los ciudadanos y nunca sujetos a intereses corporativos, y por lo tanto nuestro pronunciamiento público en este tema, la decisión que tomamos y las acciones concretas que de esta resolución se deriven, no están en ningún caso condicionadas por necesidades financieras;

Que es misión de nuestra Universidad consagrada en el artículo segundo de los Estatutos de la UNC: d) promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los mismos; y e) proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución (RHCS N° 1308 de fecha 15.12.2009)

Por ello, en sesión del día……

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.

DECLARA

Artículo 1: De interés general y universitario, la realización del primer juicio oral y público a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba a partir del día 11 de junio de 2012, el que tendrá por objeto establecer si las fumigaciones –base del actual modelo de producción agro-pecuaria- constituyen una actividad objeto de reproche penal, ello, por cuanto en el caso, se encuentran involucrados derechos humanos esenciales.

Artículo 2: Convocar a los miembros de la Comunidad Universitaria a participar activamente a partir del día 11 de junio del presente año, en el desarrollo del juicio de que se trata, en la Sede de Tribunales II – sito en calle Fructuoso Rivera N° 650 – B° Observatorio –

Artículo 3: Constituir equipos técnicos de trabajo interdisciplinario que sistematicen la documentación existente (publicaciones, normas, investigaciones, trabajo y declaraciones públicas de organizaciones sociales, entre otros) referida a los problemas de las fumigaciones en nuestro país en general y del Barrio Ituzaingó Anexo en particular, en las que se recupere el conocimiento producido por diferentes actores sociales afectados, para que aborden el estudio y la elaboración de propuestas de carácter científico superadoras de las condiciones actuales, en el término de 180 días.

Artículo 4: Conformar un equipo legal y técnico con especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba y encomendarles la elaboración de los aspectos fundamentales que debiera contener el marco jurídico que regule las fumigaciones y el control sobre el impacto en el ambiente y en las poblaciones en las que se asientan. A partir de este estudio, realizar las acciones correspondientes ante los poderes legislativos nacionales, provinciales y municipales para elevar las propuestas de modificación de las leyes que actualmente rigen la actividad en el país.

Artículo 5: Encomendar a la Pro-Secretaría de Comunicación Institucional de la UNC la difusión de las iniciativas propuestas por las Organizaciones Sociales, y /o Ambientales, ONG, entre otras, para promover el conocimiento y debate, dentro de la comunidad universitaria y la sociedad cordobesa, respecto de la problemática de las fumigaciones y sus impactos económicos, sociales, ambientales y culturales.

Artículo 6: Encomendar a las Secretarías de Ciencia y Técnica y de Extensión de la UNC la realización de instancias de análisis, discusión y estudio tales como foros, cursos, seminarios, sobre dicha problemática solicitando al CIN que promueva la participación en el mismo de otras universidades nacionales.

Artículo 7: Convocar a miembros de otras universidades nacionales y otros, organismos estatales, instituciones y organizaciones, según corresponda, a fin de abordar conjuntamente los aspectos pertinentes y realizar gestiones necesarias ante las dependencias del Estado que corresponda para revisar la situación de las fumigaciones en nuestro país.

Artículo 8: Apoyar a las comunidades afectadas por las fumigaciones en sus reclamos reivindicatorios, en procura de la protección de sus derechos.

Artículo 9: Protocolícese, hágase saber, dese amplia difusión y, oportunamente, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS….DÍAS DEL MES DE ………DE DOS MIL DOCE.

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